Tratado de Maastricht
(1992), concebido para fortalecer los procesos democráticos, promover
la cohesión y el desarrollo social y llegar a una unión política de los
países miembros de la Unión Europea (UE), acabó como
fin primordial imponiendo una unión monetaria (el euro) y un mercado
común para facilitar el intercambio de productos.
La implantación del euro en 2002 en países con una gran desigualdad económica,
sin llegar a una previa convergencia, ha establecido grandes
desequilibrios y la ampliación de la brecha económica entre países ricos
y pobres.
Junto a la moneda única, la Unión Económica y Monetaria que Maastricht impuso,
traería para los países miembros una pérdida de autonomía política y
económica. Será la Troika, mediante sus políticas de austeridad, la que
asuma el control e imponga sus dictámenes para el desarrollo de un
régimen salvaje (neoliberalismo) que potencie los poderes económicos y
financieros (mercados) en contra del desarrollo social de los pueblos.
Todas las competencias monetarias pasan al Banco Central Europeo
(BCE), institución autónoma, sin control democrático, que fiscaliza
todo el sistema financiero y bancario de la eurozona. Su gran objetivo
es controlar la inflación y el nivel de precios. Para ello, impone
multas a los países que incumplan, por lo que el refugio de la derecha y
socialdemocracia europea es aplicar recortes en derechos sociales
(sanidad, educación, dependencia, pensiones…), vender empresas públicas, reformar el mercado laboral (abaratar despidos, perder derechos, bajar salarios) y abandonar la inversión pública.
La moneda única ha
supuesto para los países con economías más débiles, como España, una
subida generalizada de precios y una carestía de la vida. Con la llegada
de la crisis (2008) esta armonización de los precios, junto a la pérdida de poder adquisitivo (bajada de salarios), al aumento del paro (hasta el 25%), pérdida de derechos laborales y sociales
(subsidio por desempleo, bajada de días por despido, contratos
basura…), han supuesto un grave problema para la gran mayoría de los
trabajadores y clase media de todos los países, pero en especial de los
más débiles económicamente (Sur de Europa) cuya población, en un
porcentaje muy elevado, ha sufrido y está sufriendo desahucios, desigualdad, pobreza y exclusión social.
Según Maastricht, el
BCE no puede ofrecer dinero directamente a los estados. Casi se lo
regala a la banca privada y esta se lo presta a los países a altos
intereses. Negocio redondo, con fondos públicos, la banca privada
europea (sobre todo la alemana) obtiene enormes beneficios. En los
últimos ocho años, España ha tenido que pagar más de 200.000 millones de euros en intereses.
Si nuestro país recibiera directamente préstamos del BCE o el Banco de
España pudiera emitir la moneda nos hubiéramos ahorrado esa deuda y se
podría haber utilizado para el mantenimiento y desarrollo de nuestro
país sin tener que recortar el estado del bienestar, ni servicios
públicos, ni pensiones.
En nuestro país, la suspensión, en un porcentaje elevado, de los préstamos bancarios y la pérdida del poder adquisitivo de una gran mayoría de población
(incluidos clase trabajadora, clase media, funcionarios y autónomos) ha
llevado a una enorme bajada del consumo con el consiguiente hundimiento
de muchas pequeñas y medianas empresas que se han visto abocadas al
cierre.
Es indudable que la estructuración del régimen económico en la UE
está perjudicando seriamente el desarrollo político, social y económico
de España. Para mantener el estatus, con enormes beneficios para la
banca y grandes empresas, el sistema financiero dispone de voceros y
lacayos fieles que difunden las bondades del sistema. Son los medios de
comunicación que juegan un papel clave en ocultación y manipulación de
la verdad sobre lo que realmente ha significado de negativo
la implantación del euro para nuestro país y los partidos políticos (en
España PPSOE) que comulgan con el régimen y obedecen ciegamente
(modificación del art. 135).
Hay partidos y sindicatos, así como analistas políticos y económicos
que defienden la salida del euro, pero esta posibilidad solo será
posible si las naciones y los pueblos más perjudicados se organizan y
actúan conjuntamente. Mientras tanto, los partidos políticos, sindicatos y colectivos sociales que están en contra de las políticas de austeridad,
deben exigir y poner en práctica medidas tendentes a mejorar las
condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos. Es necesario romper
con las políticas de recortes que nos imponen desde los poderes
económicos europeos, lo que supone: promover la inversión pública,
restablecer los derechos sociales y laborales sustraídos, aumentar el salario mínimo y garantizar un mínimo económico que acabe con la precariedad alimentaria y energética, auditar la deuda pública, recuperar los salarios, establecer un sistema fiscal progresivo, acabar con el fraude fiscal y exigir a la banca préstamos a bajo interés que beneficien a las familias, a los autónomos y que posibiliten el desarrollo y creación de pymes.
Juan García Ballesteros, miembro del FCSM y del Colectivo Prometeo.
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