En 1961, el gran
dramaturgo español Lauro Olmo con Pilar Enciso publican la obra
“Asamblea General” (basada en la fábula de La Fontaine “Los
animales apestados”). Eran tiempos en los que la sangrienta
dictadura imponía el orden social mediante la represión, la cárcel
y la muerte. Esta obra de teatro denuncia la barbarie y la
arbitrariedad de la justicia. Su argumento es el siguiente: en el
país de los animales se declara la peste y el rey (Leonidas I)
convoca Asamblea General de todos los animales para que confiesen sus
pecados, buscar al más criminal, al más canalla de todos y
ofrecérselo en sacrificio a los dioses y, así, aplacar su ira. Los
carnívoros (león, tigre, cocodrilo, oso, zorra, araña) reconocen
que todos habían hincado el diente en solomillo ajeno. Incluso el
rey se había comido a un pastor y el cocodrilo a un cura (Ah, pero
protestante). Todos se apoyan, disculpan sus fechorías y justifican
la conveniencia de los asesinatos. Cuando al burro (el más pobre, el
más débil de todos) le toca el turno, avergonzado, confiesa que un
día, cansado y hambriento, pasó la “lengua por el prado de
hierbecillas de un monasterio”. La casta carnívora lo tacha de
“sacrílego, asesino, criminal, canalla”. Leonidas I dicta
sentencia “el
burro es el ciudadano más culpable de todos, el más criminal y se
lo ofrezco en ejemplar sacrificio para aplacar la ira del cielo y
muestra de nuestro deseo de justicia”.
Los poderosos y su justicia machacan al débil. Aparecen frases como:
“todos son iguales ante la justicia del rey”, “ni los reyes, ni
los grandes pecan”, ante las barbaridades “oscurezcamos,
embrollemos, no aclaremos jamás”. Textos que se pueden aplicar al
momento actual: “la justicia es igual para todos”, “el rey es
inviolable”, “no sé nada”, “no me he enterado” y que
difunden los cómplices “medios de comunicación oficialistas”.
Aunque
en democracia, hay en nuestra coyuntura política, social y judicial
determinado paralelismo con el argumento de la obra. También en la
actualidad nos encontramos bastantes casos en los que a los débiles,
a los ciudadanos de a pie, a los que sufren en sus carnes no sólo la
tragedia del paro, los desahucios, la pérdida de derechos laborales
y sociales, la disminución del poder adquisitivo, el deterioro de
las pensiones, la exclusión social, la indigencia y el hambre, sino
también el peso de una justicia implacable.
Aunque muchos en
estas condiciones deplorables no tienen poder de respuesta (la
miseria los obliga a intentar preocuparse por sus necesidades básicas
–alimentación, vivienda, calzado,…-) por ignorancia, miedo o
resignación, los que se atreven a levantar su voz en contra de esta
crueldad, utilizando su derecho constitucional a la “libertad de
expresión, manifestación y huelga”, defender los derechos de los
jornaleros o robar pequeñas cantidades, son llevados ante los
tribunales que, aplicando las leyes de manera parcial, son condenados
a cárcel y elevadas multas. Son muchos los ejemplos que se pueden
citar (Andrés Bódalo, Alfon, Javier Martínez, Emilia, Operación
Araña -entre ellos Strawberry-,
Valtonic, Titiriteros, cinco de Buero, ocho de Yesa) que demuestran
cómo la ley, dependiendo a quién se le aplique puede tener unas
veces consecuencias catastróficas (años de cárcel e ingreso
rápido) y otras, con delitos muy graves, penas ridículas. Como
señalaba, en 2014, Carlos
Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ): “la Ley está pensada
para el robagallinas".
La soga de la
justicia ahoga a los débiles y se convierte en cuerda frágil y
quebradiza cuando se trata de los poderosos. Veamos:
- Todavía resuena
en la calle y estalla en los medios digitales la incomprensión, la
incredulidad y la vergüenza sobre lo acontecido en los últimos días
con la sentencia al Sr. Urdangarín (falsedad documental,
prevaricación, malversación) algo más de seis años de cárcel y
que está libre para viajar por la UE hasta la sentencia firme (ya
veremos cómo queda). Su esposa, la infanta Cristina, (“no sabía
nada”, “confiaba en él”) queda libre a pesar de tener el 50 %
de la empresa familiar Aizoon que recibía cantidades ilegales del
Instituto Noos.
- Han sido absueltos
los cinco acusados por el caso Noos en Valencia y la delegada de
Madrid 2016, a los se les pedían penas bastante graves de cárcel.
- Rato y Blesa
eluden la cárcel sin fianza por el caso de las tarjetas black.
- La denuncias para
los casos gravísimos de corrupción relacionados con el PP (borrado
de ordenadores, sobresueldos en negro, financiación ilegal del
partido,…) están en los tribunales y se eternizan (caso Barcenas,
la trama Gürtel y Púnica).
- Al igual ocurre
con otros casos de corrupción que afectan a militantes o
exmilitantes del PP. Todo queda callado, pasado de puntillas por los
medios de desinformación oficialistas para que pase el tiempo y se
le aplique la Ley, aprobada por el PP, que recoge los “límites
temporales en la instrucción judicial”. Seis asociaciones de
jueces y fiscales creen que esta Ley provocará la impunidad de
muchos delitos al no poderse terminar a tiempo la investigación. Así
ha ocurrido con el Presidente de Murcia que se libra de una
investigación por corrupción.
- Cuando un fiscal o
un juez resulta contrario a los intereses del Gobierno no tiene
inconveniente en sustituirlo o jubilarlo. El
fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, que investigaba al
presidente de esa comunidad, el popular Pedro Antonio Sánchez por
malversación de caudales públicos, fraude, falsedad y prevaricación
continuada, ha sido fulminantemente sustituido por otro que,
indudablemente, aceptará las tesis del Fiscal General.
España es un
estado fallido. Ha perdido soberanía política y económica, no es
capaz de proveer los servicios básicos a sus ciudadanos y presenta
altos niveles de corrupción, imbuida ésta en el propio corazón del
sistema. Además está claro que en nuestro país no funciona el
estado de derecho, porque la justicia no es igual para todos. Cuando
una parte muy significativa del poder judicial está a las órdenes
del poder político, no existe separación de poderes. La justicia
tiene dos varas de medir, dependiendo de qué clase social proviene
el acusado.
Juan García
Ballesteros
Presidente del
Colectivo Prometeo
Miembro del FCSM
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